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Destrucción a toda costa: Cantabria

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Foto de Benidorm de Jose B. Ruiz

Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

De los 298,8 kilómetros de costa que tiene Cantabria, teóricamente 133,8 km están protegidos. Es decir, un 44,8% del litoral cántabro cuenta con alguna figura de protección. Pero la mayoría de estos espacios no gozan de una protección adecuada y son numerosos los ejemplos de urbanismo, infraestructuras y contaminación que están acorralando este valioso medio natural.

La lluvia es uno de los motores principales del medio natural de Cantabria y regula sus ecosistemas. Pero estudios realizados sobre los efectos del cambio climático en España, elaborados con datos de 1949 a 2000 muestran una reducción clara de las lluvias en la mayoría del territorio, y en particular en el Cantábrico. De hecho, en Santander ya se ha registrado una disminución de 4,8 milímetros de lluvias al año.

VIVIENDAS ILEGALES

El litoral cántabro está sometido a una continua y acelerada urbanización. En Cantabria, cinco municipios cuentan con viviendas de varias urbanizaciones sobre las que pesan hasta 23 sentencias firmes de derribo que afectan a 523 viviendas en Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. Tan sólo en este último municipio, se acumulan más de 200 viviendas con sentencias de derribo. La Asociación de Maltratados por la Administración ha cifrado en 234 millones de euros el coste de los derribos y las indemnizaciones. Casi 4.000 personas están directamente afectadas por la mala gestión de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma de Cantabria que permitieron la construcción de estas viviendas ilegales.

Cantabria, después de la comunidad valenciana, ocupa el segundo lugar en porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros, un 17%.

INFRAESTRUCTURAS DEPREDADORAS: LA AUTOPISTA DOS MARES

El proyecto estrella del Gobierno de Cantabria es la denominada autopista Dos Mares (AP-69) que unirá directamente Cantabria al valle del Ebro, con el objetivo de agilizar el tráfico entre Bilbao y Cantabria. Esta infraestructura atravesaría 25 espacios reconocidos por su valía ambiental por la Unión Europea y que conforman la Red Natura 2000. En total se proyecta sobre 17 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que el proyecto es “incompatible con la conservación de la biodiversidad ya que ocasionaría impactos de gran magnitud tanto a nivel general como a nivel particular. Los impactos señalados son la fragmentación de hábitats, el efecto barrera sobre las especies animales y que ponen en peligro la cohesión global de la Red Natura 2000”. De momento, el Ministerio no ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

PLAN DE PUERTOS DE CANTABRIA

En el año 2008, Cantabria disponía de 3.138 amarres para barcos deportivos y pesqueros. En ese año, el número de matriculaciones nuevas de recreo cayó un 8,29%. Pese a estos datos negativos que demuestran el descenso de la demanda de embarcaciones, a mediados del año pasado el ejecutivo regional aprobó el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria.

El Plan contempla grandes actuaciones en Castro Urdiales, un nuevo puerto en Laredo, el nuevo puerto deportivo interior de San Vicente de la Barquera y ampliaciones en Colindres, Santoña y Comillas, que supondrán 2.750 nuevos atraques, principalmente para embarcaciones de recreo. El Gobierno de Cantabria invertirá 266 millones de euros de dinero público hasta 2013 en unas infraestructuras de las que sólo podrán disfrutar unos pocos. Muchas de estas infraestructuras se encontrarán dentro de espacios protegidos. La actividad portuaria es uno de los mayores focos de contaminación difusa a los que puede estar sometido un entorno que se quiere proteger. De hecho, en un documento del Gobierno de Cantabria se afirma: “Los puertos suponen un foco de contaminación debida a los hidrocarburos y aceites de los motores, las pinturas de los cascos, los residuos sólidos asociados al intenso uso público y otros factores. Esta contaminación es difícilmente cuantificable y su control es casi inabordable, a pesar de la normativa existente”.

Destrucción a toda costa: Islas Baleares

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Fotografía de Jose B. Ruiz

Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

De los 1.283 kilómetros de costa de las Islas Baleares, un 26,9% está protegido. Las afecciones directas sobre los Espacios Naturales Protegidos (ENP) del archipiélago son difíciles de cuantificar porque, en la mayoría de casos, no se trata de grandes proyectos urbanísticos o de infraestructuras, sino de pequeños mordiscos al territorio protegido en forma de viviendas unifamiliares, carreteras, reformas, etc. Estas agresiones se traducen en un panorama global de pérdida de territorio, valores ambientales y calidad de vida para sus habitantes.

Aunque más del 40% de las viviendas están vacías la mayor parte del año, en las islas baleares se cementan o asfaltan 1,4 hectáreas de territorio cada día.

TURISMO INSOSTENIBLE

En apenas cuatro décadas, el número de visitantes se ha multiplicado por 40 hasta sobrepasar los 13 millones anuales, lo que supone un 1,2% de todo el turismo internacional. Sin embargo, y según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, el éxito macroeconómico no se corresponde con una mejor calidad de vida para la sociedad local.

El paradigma de esta locura está en el turismo de urbanización fija o residencial. Las Islas Baleares experimentaron el asentamiento de ciudadanos principalmente alemanes, ingleses y españoles desde el inicio de los años noventa. El sector de la construcción aporta un 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) y ocupa a un 15% de la población activa. La Inversión Extranjera Directa inmobiliaria y de la construcción ronda los 50 millones de euros anuales, procedentes en un 30% de paraísos fiscales. Se calcula que hasta un 44% de los turistas se alojan en oferta ilegal, sin autorización de la administración turística ni pago de impuestos. Los inconvenientes sociales de la residencialización son: el incremento del precio de la vivienda, de hasta el 25% anual; la sobredimensión de las infraestructuras a cargo del erario público; la pérdida de puestos de trabajo cualificados y de negocio en la hotelería y la restauración; el cierre del acceso público al territorio; la pérdida de tierras de cultivo y la “elitización” del espacio. En las Islas Baleares un 39% de las viviendas no son de uso principal.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES

Según la Universidad de las Islas Baleares, la construcción de urbanizaciones y segundas residencias supone un intenso consumo de suelo y territorio, por ser una ocupación extensiva e ineficiente. El 45% de la energía consumida se destina al trasporte, para estancias más cortas y frecuentes, y el 40% al consumo eléctrico.

En Baleares hay más vehículos que habitantes y el consumo de agua alcanza los 500 litros por habitante (el doble de la media nacional), debido a la abundancia de jardines y piscinas. Otro ejemplo del desequilibrio ambiental está en que Baleares tiene una tasa de producción de residuos de más de una tonelada por habitante y año, la más alta de España. Un ejemplo más de la urbanización elitista del territorio son los campos de golf. Sólo Mallorca tiene ya 23 campos de golf, y 11 más en proyecto o construcción. Cada uno de ellos consume el agua equivalente a la necesaria para abastecer a 12.000 habitantes.

LA LEY BALEAR DE VIVIENDA

Si por un lado la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares pretende equilibrar el desarrollo en el archipiélago, la contradicción es absoluta si se tiene en cuenta la nueva Ley de Vivienda del Govern, presentada como una ley para obtener suelo público en un momento de crisis económica. Con la recalificación de los solares, que pasarán a tener categoría de Reserva Estratégica de Suelo, se podrá usar suelo rústico para poder edificar viviendas cuando no haya posibilidad de hacerlo en urbano. La Ley permite la construcción de 5.000 viviendas en cinco en terrenos que actualmente son rústicos.

DESTRUCCIÓN POR INFRAESTRUCTURAS

La especialización turística también ha supuesto el sobredimensionamiento de las infraestructuras, especialmente de transporte: aeropuertos internacionales en las tres principales islas con más de 30 millones de pasajeros el 2008; puertos de carga con más de 13 millones de toneladas de mercancías ese mismo año; y 200 km de autopistas y desdoblamientos viarios interurbanos. Los megaproyectos de infraestructuras ensanchan las “arterias” que riegan el territorio.

Este aumento de población ha traído consigo también un mayor desarrollo de las infraestructuras de servicio, con consecuencias negativas para el medio ambiente. La mayor demanda de energía ha provocado la ampliación del abastecimiento energético con centrales de producción eléctrica (1.600 megavatios procedentes en un 80% de la quema de carbón sudafricano, el mayor responsable del cambio climático). Recientemente, también se ha reforzado el sistema con el proyecto de conexión con la red eléctrica continental vía cable submarino.

Asimismo, la necesidad de recursos hídricos ha potenciado la desalación de agua de mar, que ya cubre más del 40% del abastecimiento de Palma de Mallorca.

Por último, el aumento de la cantidad de basuras ha supuesto un incremento de la incineración de residuos sólidos urbanos, que supera el 40% en el caso de Mallorca. Esta técnica emite gases contaminantes que agravan el cambio climático y ponen en riesgo la salud. Provoca altas concentraciones de dioxinas y furanos, y en 2007 generó más de 108.000 toneladas de cenizas y escorias de elevada toxicidad con metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo y cobre).

Destrucción a toda costa: Comunidad Valenciana

Fotografía de Jose B. Ruiz

Fotografía de Jose B. Ruiz

Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

De las 2.330.500 hectáreas de superficie de la Comunidad Valenciana, sólo un 9,4% está protegida. Si se analizan exclusivamente los datos de los 534,8 kilómetros de costa, 111 km del litoral están bajo alguna de las figuras de protección autonómica y estatal, es decir un aceptable 20,8% de la costa está protegida. Pero en esta comunidad, las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat, que ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área y una argumentación de su protección, pero sobre los que pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios.

El 58% de los kilómetros de costa de la comunidad valenciana son urbanos o urbanizables.

HUMEDALES AMENAZADOS

La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas, el 90% en el frente litoral. Aunque estos humedales forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa, también son los más amenazados por el urbanismo y la contaminación.

El caso de Alicante es singular, pues se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problema ambientales como la eutrofización (aporte excesivo de nutrientes al medio acuático a través de las aguas agrícolas que provoca en una última etapa el descenso de la población de aves).

Pero la importancia de estos humedales no reside sólo en su papel como grandes reservas de biodiversidad. Además, atenúan los efectos del cambio climático, absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, frenan la intrusión del mar en la tierra y pueden contener las inundaciones.

EUROPA CUESTIONA EL MODELO AUTONÓMICO

La Comisión Europea ha presentado una denuncia en el Tribunal de Justicia Europeo contra España por el incumplimiento de la Directiva 1993/37/CEE relativa a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras y de la Directiva 2004/18/CEE sobre la adjudicación de contratos públicos de obras y servicios. Esta denuncia va directa a la línea de flotación del urbanismo valenciano de los últimos 14 años.

La Generalitat ha incumplido estas dos directivas europeas al adjudicar los Programas de Actuación Integrada (PAI) conforme a la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística (Ley 6/1994 LRAU), la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU). La LRAU creó la figura del Agente Urbanizador, que tiene la facultad de presentar cualquier propuesta de urbanización sin necesidad de tener ninguna propiedad en el ámbito de actuación, lo que delega la gestión urbanística a una iniciativa privada que difícilmente puede representar los intereses públicos. Como resultado, entre los años 1987 y 2000, la superficie de suelo artificial en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 52%, pasando de 76.652 a 116.601 hectáreas, según el Observatorio de la Sostenibilidad de España.

¿MÁS PUERTOS DEPORTIVOS?

La Comunidad Valenciana es, después de la Región de Murcia, donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo respecto a 2007. La Comunidad cuenta en la actualidad con 18.908 amarres, pero la demanda de las grandes empresas náuticas ha originado que el Consell impulse en los últimos tiempos nuevos proyectos para crear macropuertos en el litoral, convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos. De hecho, ya tramita la ampliación de los puertos de Dénia y de Jávea y estudia la creación de nuevas instalaciones en Altea y El Campello.

En la provincia de Alicante son incontables los proyectos de firmas privadas para crear nuevos recintos portuarios. Desde las promotoras incluso se afirma que “hay un serio déficit de amarres que es necesario solucionar junto al desarrollo de zonas lúdicas, palacios de congresos e incluso nuevos hoteles en los puertos”.

El Consell ha apostado por este modelo sin aprobar aún la Ley de Puertos, que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes bajo criterios económicos, sociales y deportivos. Mientras, las empresas siguen presentando proyectos, algunos de ellos muy controvertidos, como el que una firma pretende realizar en Benitatxell, en una zona de acantilados protegida por la Unión Europea. Sorprendentemente, el Gobierno local ha aprobado el proyecto mientras la oposición ya lo ha denunciado ante Bruselas.

El Consell mantiene que garantizará el cumplimiento de la normativa medioambiental. Emblemático es ya el caso de la ampliación del puerto Campomanes de Altea, cuyas obras para duplicar los amarres están paralizadas por una sentencia judicial que constató el fracaso del traslado de las praderas de posidonia para preservarlas.

Destrucción a toda costa: Islas Canarias

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Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

Canarias cuenta con 29.150 expedientes abiertos por delitos medioambientales. De éstos, 12.022 son debidos a la construcción. Con 1.564 kilómetros de costa, las Islas Canarias tienen protegidos, al menos sobre el papel, 606 kilómetros.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias afirma que ha apostado por una política medioambiental que ambiciona dar respuesta a los problemas surgidos por la interacción entre la actividad económica y el medio físico y natural, a través de un conjunto de normas. Subrayan el desarrollo de grandes líneas de protección, mediante la gestión y planificación de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000 y la de Reservas de Biosfera. Sin embargo, las palabras de la Consejería quedan en papel mojado a tenor de los diferentes ejemplos que amenazan sus Espacios Naturales Protegidos (ENP) y que se han analizado en este informe.

De los 84 Espacios Naturales Protegidos que Greenpeace ha analizado en las siete grandes islas, 14 están muy amenazados en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote. Estas dos últimas, declaradas en su conjunto Reservas Mundiales de la Biosfera.

LA RED NATURA 2000 Y LA GESTIÓN DE LA NATURALEZA EN CANARIAS

La Comisión Europea ha enviado a España un aviso, que puede acabar en la apertura de un expediente de infracción y multa económica, para que designe en las Islas Canarias un número suficiente de zonas de especial conservación dentro de la Red Natura 2000 que garantice la salvaguarda de su patrimonio natural.

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de proponer los espacios más valiosos de su territorio y también las responsables de adoptar las medidas necesarias para su conservación. Pese a que la región apenas representa el 0,3% de todo el territorio comunitario, acoge cerca del 20% de los principales tipos de hábitats y el 28% de las plantas protegidas, muchas de las cuales son endémicas de las islas.

Canarias, con 174 espacios declarados como Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 europea, debería haber elaborado medidas de gestión específicas para cada uno de estos lugares antes de 2008. Pero a pesar de las grandes palabras de sostenibilidad del Gobierno de Canarias, estos espacios sufren todo tipo de amenazas.

Uno de los ejemplos del descrédito de la política ambiental canaria es el caso de los sebadales. A pesar de que Bruselas reclama que se refuerce la protección de especies singulares como ésta, los sebadales han sido excluidos del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, a través de un polémico procedimiento del Gobierno local que está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente (ver Espacio Natural Protegido de Sebadales del Sur de Tenerife).

LEY DE MEDIDAS URGENTES Y NI UNA CAMA MÁS

En marzo de 2008 varios grupos ecologistas canarios presentaron ante el registro del Parlamento de Canarias 45.000 firmas para intentar frenar la construcción de más camas turísticas en las Islas. Es decir, 30.000 más que las necesarias por la legislación canaria para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Esta movilización social, conocida como “Ni una cama más”, junto con la oposición al proyecto de urbanización de La Venenguera y al puerto Industrial de Granadilla (56.000 firmas), son iconos de la lucha medioambiental en el archipiélago.

Pero el Parlamento isleño ha decidido no tomar en consideración el clamor de los ciudadanos que consideran que 550.000 plazas turísticas son suficientes y que Canarias necesita proteger el suelo que aún le queda sin urbanizar. Un ejemplo más de la política del Gobierno autonómico que evidencia la ausencia de contenido del traído y llevado desarrollo “sostenible” en Canarias.

El Parlamento de Canarias ha aprobado, con votos a favor de Coalición Canaria y del Partido Popular, una Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo para el supuesto desarrollo económico de las islas. La Ley sirve para continuar con un modelo obsoleto de desarrollo económico y turístico. Permite desbloquear un buen número de obstáculos que la normativa urbanística tiene en la actualidad, flexibilizando las decisiones discrecionales y convirtiéndolas en arbitrarias, lo que se traduce, por ejemplo, en la posibilidad de consolidar edificaciones en la costa. Esta Ley, en su Disposición Adicional Decimoquinta, supone de hecho la posibilidad de legalizar una parte de las edificaciones que se encuentren en dominio público marítimo terrestre y en servidumbre de protección, algo que no permite la normativa estatal de Costas.

El Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible ha dimitido de su cargo porque esta Ley de Medidas Urgentes según sus palabras “es una nueva amnistía a la ocupación incontrolada del suelo”.

LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA CONTAMINACIÓN

El problema de la contaminación en el archipiélago canario tiene muchas vertientes. Entre las principales causas están los vertidos de aguas urbanas, el tráfico marítimo, las actividades portuarias, los vertidos industriales (principalmente de centrales térmicas y desaladoras), los vertederos ilegales y la agricultura.

Los sistemas de saneamiento de aguas residuales en Canarias son absolutamente deficientes. En muchos lugares se siguen vertiendo aguas negras de forma constante sin pasar por un tratamiento de depuración. Por ejemplo, de las aguas residuales generadas en Tenerife, la red interior y colectores generales recogen un 61,6%, pero sólo el 36% recibe el tratamiento adecuado. Por otro lado, muchas depuradoras funcionan por encima de su capacidad, lo que obliga a verter parte de las aguas que reciben sin tratar. A esto se añade los casos de emisarios submarinos deteriorados, o que no cumplen las características técnicas apropiadas para verter al mar, por estar demasiado cerca de la costa o por no encontrarse a suficiente profundidad. El caso de Mogán (Gran Canaria), donde todos los vertidos de los emisarios acaban directamente en un espacio protegido, es un buen ejemplo de ello.

Muchas playas tienen que cerrarse al baño por la contaminación que generan las aguas residuales, y en consecuencia por los peligros que entrañan para la salud pública. Algunos ejemplos son la playa de los Cristianos en Tenerife, la de Los Pozos en Puerto del Rosario (Fuerteventura), la de Bocabarranco en Gáldar (Gran Canaria) o la de Playa Grande en Puerto del Carmen (Lanzarote).

El importante tráfico marítimo y las operaciones portuarias son otras fuentes de vertidos peligrosos al litoral. Estas prácticas principalmente generan contaminación por hidrocarburos, aunque también por metales pesados, aceites o pinturas. En este sentido, los puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria son los focos más problemáticos. Además, la refinería de Cepsa en Tenerife vierte al mar, a través de su emisario submarino a 200 metros de la costa435, más de 5.500 toneladas de sustancias peligrosas. Esta refinería es una pieza clave en la actividad económica del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y lo convierte en uno de los más importantes del Atlántico norte para realizar operaciones de bunkering (repostaje de combustible), ya que “se puede suministrar todo tipo de combustible 24 horas al día durante 365 días al año”.

Por otro lado, la utilización excesiva de fertilizantes en la agricultura ha provocado la contaminación por nitratos de muchos acuíferos costeros en las distintas islas. Por ejemplo, en Gran Canaria se han visto afectados los acuíferos de Gáldar, Guía, Moya, Telde y el barranco de La Aldea. En el caso de La Gomera, los valles de la Villa (San Sebastián de La Gomera) y del Valle Gran Rey. En La Palma, los del Valle de Aridane. Y en Tenerife, el Valle de La Orotava. Asimismo, las Islas Canarias también se ven afectadas por los habituales vertidos de salmuera que provienen de desaladoras. Igual de habituales que los negativos efectos que están provocando sobre los ecosistemas costeros, como los sebadales.

Por último, los vertidos de las plantas térmicas y los de lixiviados de vertederos en malas condiciones, o incluso ilegales, se unen a la larga lista de la contaminación en Canarias.

Destrucción a toda costa: Cataluña

Fotografía de Jose B. RuizExtracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

Cataluña es la comunidad autónoma con más litoral protegido, 316 km, es decir, un 57,8%. Sin embargo es precisamente en Cataluña donde el 46,5% del litoral se encuentra ya urbanizado siendo el de mayor índice de la costa española. La explicación reside en que los Espacios Naturales Protegidos se concentran en tan sólo dos puntos, Girona (con el 50%) y el entorno del Delta del Ebro (con el 43%).

EL PLAN COSTERO

El Plan Director Urbanístico del Sistema Costero (PDUSC) fue aprobado en 2005 pesar de ello llegó con cierto retraso ya que por ejemplo, las comarcas de Barcelona y el Baix Penedès ya habían consolidado o urbanizado el 100% de su frente litoral; las de Tarragona y el Baix Camp tenían más de un 40% de su suelo clasificado como urbanizable; y en la provincia de Girona, el 50% de la costa se encontraba ocupada por viviendas. En otros casos donde la situación era mejor, como en las Terres del l’Ebre, (con más del 83% de su costa libre de edificaciones), vieron como en 2008, a pesar del PDUSC, en el municipio de Deltebre se disparaba el número de licencias para nuevas viviendas (725 nuevos pisos en el Parque Natural del Delta del Ebro).

Esta deteriorada situación está directamente relacionada con el turismo residencial, ya que en 39 de los 75 municipios costeros, las viviendas principales o primeras residencias no alcanzan el 50% del total (18 municipios en la Costa Brava, 17 en la costa de Tarragona, tres en Maresme y una localidad en Garraf).

La situación del litoral catalán es, por tanto, alarmante y más si se tiene en cuenta que continúa el acoso al poco territorio costero no urbanizado que queda en la franja inmediatamente contigua a los 500 metros.

MÁS PUERTOS

Cataluña cuenta con 30.254 amarres, la cifra más elevada de todo el Estado. Desde 2007 la región ha sufrido una caída en el número de matriculaciones de embarcaciones de recreo del 20,9%,y un aumento del abandono de embarcaciones en el Mediterráneo. Pero la Generalitat va a hacer una inversión de 45 millones de euros en cuatro años (Plan de Inversiones 2009-2012) para mejorar las infraestructuras de la Costa Brava. Aunque este Plan de Puertos no pretende realizar grandes proyectos en los puertos deportivos, si plantea realizar multitud de obras. Así, en el en puerto de Blanes se va a construir un nuevo dique exterior, en el de l’Estartit una nueva dársena deportiva y una segunda fase del paseo marítimo, en el de Port de la Selva se va a alargar y mejorar el dique de cobijo, en Roses se construirá un nuevo paseo marítimo y, por último, en Palamòs se va a consolidar el muelle comercial para que se convierta en un puerto de invernada para grandes embarcaciones.

EL DESARROLLO INDUSTRIAL: CONTAMINACIÓN A TODA COSTA

En Cataluña existen muchos focos de contaminación de las aguas costeras y de los ENP. La ganadería y la agricultura conllevan la liberación al medio de sustancias que deterioran la calidad de las aguas y provocan la eutrofización de algunas masas de agua. Según datos de la Agencia Catalana del Agua, la agricultura que implica el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas contamina el 44,1% de las aguas costeras.

El tráfico marítimo y las actividades portuarias son también origen de contaminación. En este sentido destacan los puertos de Barcelona y Tarragona. Si bien el puerto barcelonés es el que más buques recibe al año, es el de Tarragona el de mayor tráfico de productos petrolíferos de Cataluña120, por la presencia de dos refinerías en esta ciudad. También Tarragona es el punto de la costa mediterránea española donde se encuentran, acumuladas en mejillones, las concentraciones más altas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), un potente contaminante con peligrosos efectos sobre la salud y el medio ambiente.

En Cataluña hay que destacar la presencia de una industria química muy contaminante, la del cloro. Con tres fábricas, es la comunidad autónoma donde más se ha extendido este proceso de producción. Las zonas costeras más afectadas por esta industria son el Delta del Llobregat, el litoral de la ciudad de Tarragona y el Delta del Ebro. El Instituto Español de Oceanografía ha detectado los mayores niveles de toda la costa mediterránea de acumulación de compuestos organoclorados en mejillones.