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Afali Lucentum ha organizado para este próximo sábado día 13 de marzo una “kedada” fotográfica en varios puntos de la provincia de Alicante para buscar y documentar agresiones sobre nuestras costas. Cualquier fotógrafo puede coger su cámara y unirse a cualquiera de los grupos que peinaran nuestras playas en apoyo a SOS Paisajes de Mar.
![]() Foto: José R. Motilla
ANTECEDENTES
OBJETIVOS
PARTICIPANTES
COORDINACIÓN ![]() Foto: José R. Motilla
COLABORADORES EN TAREAS DE COORDINACIÓN
FECHA-HORARIOS-DESARROLLO DE LA JORNADA 08.00 horas a 13:00 h. LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y OBJETIVOS POR GRUPO Concentración: Av. Costablanca nº 19 – Centro Comunitario Playas Ayuntamiento de Alicante. Objetivos: Cabo de las Huertas; Albufereta; El Campello; Urbanova y Arenales del Sol. Lugar concentración: Ayuntamiento de Orihuela en la costa. Playa Flamenca. N-332. Objetivos: Playa Flamenca, Cala de las Moscas, Punta Prima, La Zenia, Cabo Roig, Campoamor, Agua Marina, Mil Palmeras y Torre de la Horadada. Lugar de concentración: Aula de Cultura, Plaza Mayor con Av. de Valencia Objetivos y localizaciones: Bassetes , Cala Pinet, Cala l’advocat, La Fustera, Cala Baladrar, La Llovella, Punta Estrella, El Dragó, El Portet de Moraira y la Playa de la Ampolla. Lugar de concentración: Paseo Juan Aparicio, junto al monumento al hombre de mar. Cala de la Zorra, Playa de los locos, Urbanización Rocío, Salinas Torrevieja y de la Mata, Dunas de Guardamar, Cabo Cervera y Santa Pola. Lugar de concentración: Plaza Nueva. Objetivos y localizaciones: Puerto de Jávea, Playa de la Barraca, Cabo la Nao, Marines, Les Rotes, Jávea y Denia Lugar de concentración: Plaza Ayuntamiento. Objetivos y localizaciones: La Manzanera, Baños de la Reina, Salinas, Peñón, Bassetes y Puerto Blanco.
MATERIAL FOTOGRAFICO Y DOCUMENTO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Los participantes podrán entregar sus trabajos a los coordinadores del proyecto en sus respectivos grupos, ![]() Foto: José R. Motilla
EXPOSICIÓN
“Un paraíso perdido y sepultado en cemento”, este es el título de un reportaje publicado en el diario nacional “Público” el pasado 17 de enero por Nuño Domínguez http://www.publico.es/ciencias/286129/paraiso/perdido/sepultado/cemento Verdaderamente me ha impactado ver las imágenes que se muestran en la edición en papel del mismo; el antes y el después de muchos de los rincones de la magnífica costa española, antaño vírgenes, como es el caso de la Manga del Mar Menor en Murcia, de la que se muestra una fotografía de 1963, o razonablemente poblados, caso de las franjas costeras que se muestran pertenecientes a municipios como Marbella, Roquetas de Mar, Palma de Mallorca o Benidorm, casos que como se aprecian en las instantáneas, son absolutamente paradigmáticos de una evolución altamente agresiva de transformación paisajística, que ha llevado a un proceso avanzado de desaparición de la costa natural, que sin rigor alguno, se ha producido en gran parte del litoral español. ![]() Foto de José R. Motilla En definitiva, creo que este reportaje periodístico es del todo significativo en cuanto a la alerta que debemos tener referente a la degradación de nuestros paisajes costeños. Precisamente esa es la importante “cruzada” que desde el proyecto “SOS Paisajes de Mar” estamos intentando dar a conocer a toda la ciudadanía, a la vez de hacer comprender y sensibilizar sobre la necesidad de cambiar estas dinámicas agresivas contra nuestros paisajes ribereños. El libro al que se refiere el reportaje, “Paraísos perdidos, crónica gráfica de la transformación de la costa española” (Saga Editorial), recoge algunos de los enclaves costeros más significativos de España, en instantáneas comparadas de hace cincuenta años con la actualidad, apreciando en imágenes significativas cual ha sido el nivel de transformación, absolutamente contrario a lo que debe ser un desarrollo económico y turístico sostenible, que se ha producido en nuestras costas españolas. ![]() Foto de José R. Motilla Se calcula que más del 35% del litoral español yace en la actualidad bajo cemento de urbanizaciones e infraestructuras. En este sentido, el análisis pormenorizado de esa preocupante situación actual, con datos objetivos e imágenes ilustrativas de cada rincón de nuestros núcleos costeros afectados o en vías de producirse, que está realizando el equipo de SOS Paisajes de Mar, encabezado por José B. Ruiz, en cooperación con diferentes colaboradores provinciales, se antoja de gran valía en pos de la defensa, conservación y disfrute sostenible de nuestro maltrecho paisaje litoral, y su gran patrimonio natural y cultural. Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace) De los 298,8 kilómetros de costa que tiene Cantabria, teóricamente 133,8 km están protegidos. Es decir, un 44,8% del litoral cántabro cuenta con alguna figura de protección. Pero la mayoría de estos espacios no gozan de una protección adecuada y son numerosos los ejemplos de urbanismo, infraestructuras y contaminación que están acorralando este valioso medio natural. La lluvia es uno de los motores principales del medio natural de Cantabria y regula sus ecosistemas. Pero estudios realizados sobre los efectos del cambio climático en España, elaborados con datos de 1949 a 2000 muestran una reducción clara de las lluvias en la mayoría del territorio, y en particular en el Cantábrico. De hecho, en Santander ya se ha registrado una disminución de 4,8 milímetros de lluvias al año. VIVIENDAS ILEGALES El litoral cántabro está sometido a una continua y acelerada urbanización. En Cantabria, cinco municipios cuentan con viviendas de varias urbanizaciones sobre las que pesan hasta 23 sentencias firmes de derribo que afectan a 523 viviendas en Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. Tan sólo en este último municipio, se acumulan más de 200 viviendas con sentencias de derribo. La Asociación de Maltratados por la Administración ha cifrado en 234 millones de euros el coste de los derribos y las indemnizaciones. Casi 4.000 personas están directamente afectadas por la mala gestión de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma de Cantabria que permitieron la construcción de estas viviendas ilegales. Cantabria, después de la comunidad valenciana, ocupa el segundo lugar en porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros, un 17%. INFRAESTRUCTURAS DEPREDADORAS: LA AUTOPISTA DOS MARES El proyecto estrella del Gobierno de Cantabria es la denominada autopista Dos Mares (AP-69) que unirá directamente Cantabria al valle del Ebro, con el objetivo de agilizar el tráfico entre Bilbao y Cantabria. Esta infraestructura atravesaría 25 espacios reconocidos por su valía ambiental por la Unión Europea y que conforman la Red Natura 2000. En total se proyecta sobre 17 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que el proyecto es “incompatible con la conservación de la biodiversidad ya que ocasionaría impactos de gran magnitud tanto a nivel general como a nivel particular. Los impactos señalados son la fragmentación de hábitats, el efecto barrera sobre las especies animales y que ponen en peligro la cohesión global de la Red Natura 2000”. De momento, el Ministerio no ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. PLAN DE PUERTOS DE CANTABRIA En el año 2008, Cantabria disponía de 3.138 amarres para barcos deportivos y pesqueros. En ese año, el número de matriculaciones nuevas de recreo cayó un 8,29%. Pese a estos datos negativos que demuestran el descenso de la demanda de embarcaciones, a mediados del año pasado el ejecutivo regional aprobó el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria. El Plan contempla grandes actuaciones en Castro Urdiales, un nuevo puerto en Laredo, el nuevo puerto deportivo interior de San Vicente de la Barquera y ampliaciones en Colindres, Santoña y Comillas, que supondrán 2.750 nuevos atraques, principalmente para embarcaciones de recreo. El Gobierno de Cantabria invertirá 266 millones de euros de dinero público hasta 2013 en unas infraestructuras de las que sólo podrán disfrutar unos pocos. Muchas de estas infraestructuras se encontrarán dentro de espacios protegidos. La actividad portuaria es uno de los mayores focos de contaminación difusa a los que puede estar sometido un entorno que se quiere proteger. De hecho, en un documento del Gobierno de Cantabria se afirma: “Los puertos suponen un foco de contaminación debida a los hidrocarburos y aceites de los motores, las pinturas de los cascos, los residuos sólidos asociados al intenso uso público y otros factores. Esta contaminación es difícilmente cuantificable y su control es casi inabordable, a pesar de la normativa existente”. Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace) De los 1.283 kilómetros de costa de las Islas Baleares, un 26,9% está protegido. Las afecciones directas sobre los Espacios Naturales Protegidos (ENP) del archipiélago son difíciles de cuantificar porque, en la mayoría de casos, no se trata de grandes proyectos urbanísticos o de infraestructuras, sino de pequeños mordiscos al territorio protegido en forma de viviendas unifamiliares, carreteras, reformas, etc. Estas agresiones se traducen en un panorama global de pérdida de territorio, valores ambientales y calidad de vida para sus habitantes. Aunque más del 40% de las viviendas están vacías la mayor parte del año, en las islas baleares se cementan o asfaltan 1,4 hectáreas de territorio cada día. TURISMO INSOSTENIBLE En apenas cuatro décadas, el número de visitantes se ha multiplicado por 40 hasta sobrepasar los 13 millones anuales, lo que supone un 1,2% de todo el turismo internacional. Sin embargo, y según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, el éxito macroeconómico no se corresponde con una mejor calidad de vida para la sociedad local. El paradigma de esta locura está en el turismo de urbanización fija o residencial. Las Islas Baleares experimentaron el asentamiento de ciudadanos principalmente alemanes, ingleses y españoles desde el inicio de los años noventa. El sector de la construcción aporta un 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) y ocupa a un 15% de la población activa. La Inversión Extranjera Directa inmobiliaria y de la construcción ronda los 50 millones de euros anuales, procedentes en un 30% de paraísos fiscales. Se calcula que hasta un 44% de los turistas se alojan en oferta ilegal, sin autorización de la administración turística ni pago de impuestos. Los inconvenientes sociales de la residencialización son: el incremento del precio de la vivienda, de hasta el 25% anual; la sobredimensión de las infraestructuras a cargo del erario público; la pérdida de puestos de trabajo cualificados y de negocio en la hotelería y la restauración; el cierre del acceso público al territorio; la pérdida de tierras de cultivo y la “elitización” del espacio. En las Islas Baleares un 39% de las viviendas no son de uso principal. CONSECUENCIAS AMBIENTALES Según la Universidad de las Islas Baleares, la construcción de urbanizaciones y segundas residencias supone un intenso consumo de suelo y territorio, por ser una ocupación extensiva e ineficiente. El 45% de la energía consumida se destina al trasporte, para estancias más cortas y frecuentes, y el 40% al consumo eléctrico. En Baleares hay más vehículos que habitantes y el consumo de agua alcanza los 500 litros por habitante (el doble de la media nacional), debido a la abundancia de jardines y piscinas. Otro ejemplo del desequilibrio ambiental está en que Baleares tiene una tasa de producción de residuos de más de una tonelada por habitante y año, la más alta de España. Un ejemplo más de la urbanización elitista del territorio son los campos de golf. Sólo Mallorca tiene ya 23 campos de golf, y 11 más en proyecto o construcción. Cada uno de ellos consume el agua equivalente a la necesaria para abastecer a 12.000 habitantes. LA LEY BALEAR DE VIVIENDA Si por un lado la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares pretende equilibrar el desarrollo en el archipiélago, la contradicción es absoluta si se tiene en cuenta la nueva Ley de Vivienda del Govern, presentada como una ley para obtener suelo público en un momento de crisis económica. Con la recalificación de los solares, que pasarán a tener categoría de Reserva Estratégica de Suelo, se podrá usar suelo rústico para poder edificar viviendas cuando no haya posibilidad de hacerlo en urbano. La Ley permite la construcción de 5.000 viviendas en cinco en terrenos que actualmente son rústicos. DESTRUCCIÓN POR INFRAESTRUCTURAS La especialización turística también ha supuesto el sobredimensionamiento de las infraestructuras, especialmente de transporte: aeropuertos internacionales en las tres principales islas con más de 30 millones de pasajeros el 2008; puertos de carga con más de 13 millones de toneladas de mercancías ese mismo año; y 200 km de autopistas y desdoblamientos viarios interurbanos. Los megaproyectos de infraestructuras ensanchan las “arterias” que riegan el territorio. Este aumento de población ha traído consigo también un mayor desarrollo de las infraestructuras de servicio, con consecuencias negativas para el medio ambiente. La mayor demanda de energía ha provocado la ampliación del abastecimiento energético con centrales de producción eléctrica (1.600 megavatios procedentes en un 80% de la quema de carbón sudafricano, el mayor responsable del cambio climático). Recientemente, también se ha reforzado el sistema con el proyecto de conexión con la red eléctrica continental vía cable submarino. Asimismo, la necesidad de recursos hídricos ha potenciado la desalación de agua de mar, que ya cubre más del 40% del abastecimiento de Palma de Mallorca. Por último, el aumento de la cantidad de basuras ha supuesto un incremento de la incineración de residuos sólidos urbanos, que supera el 40% en el caso de Mallorca. Esta técnica emite gases contaminantes que agravan el cambio climático y ponen en riesgo la salud. Provoca altas concentraciones de dioxinas y furanos, y en 2007 generó más de 108.000 toneladas de cenizas y escorias de elevada toxicidad con metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo y cobre). Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace) De las 2.330.500 hectáreas de superficie de la Comunidad Valenciana, sólo un 9,4% está protegida. Si se analizan exclusivamente los datos de los 534,8 kilómetros de costa, 111 km del litoral están bajo alguna de las figuras de protección autonómica y estatal, es decir un aceptable 20,8% de la costa está protegida. Pero en esta comunidad, las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat, que ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área y una argumentación de su protección, pero sobre los que pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios. El 58% de los kilómetros de costa de la comunidad valenciana son urbanos o urbanizables. HUMEDALES AMENAZADOS La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas, el 90% en el frente litoral. Aunque estos humedales forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa, también son los más amenazados por el urbanismo y la contaminación. El caso de Alicante es singular, pues se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problema ambientales como la eutrofización (aporte excesivo de nutrientes al medio acuático a través de las aguas agrícolas que provoca en una última etapa el descenso de la población de aves). Pero la importancia de estos humedales no reside sólo en su papel como grandes reservas de biodiversidad. Además, atenúan los efectos del cambio climático, absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, frenan la intrusión del mar en la tierra y pueden contener las inundaciones. EUROPA CUESTIONA EL MODELO AUTONÓMICO La Comisión Europea ha presentado una denuncia en el Tribunal de Justicia Europeo contra España por el incumplimiento de la Directiva 1993/37/CEE relativa a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras y de la Directiva 2004/18/CEE sobre la adjudicación de contratos públicos de obras y servicios. Esta denuncia va directa a la línea de flotación del urbanismo valenciano de los últimos 14 años. La Generalitat ha incumplido estas dos directivas europeas al adjudicar los Programas de Actuación Integrada (PAI) conforme a la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística (Ley 6/1994 LRAU), la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU). La LRAU creó la figura del Agente Urbanizador, que tiene la facultad de presentar cualquier propuesta de urbanización sin necesidad de tener ninguna propiedad en el ámbito de actuación, lo que delega la gestión urbanística a una iniciativa privada que difícilmente puede representar los intereses públicos. Como resultado, entre los años 1987 y 2000, la superficie de suelo artificial en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 52%, pasando de 76.652 a 116.601 hectáreas, según el Observatorio de la Sostenibilidad de España. ¿MÁS PUERTOS DEPORTIVOS? La Comunidad Valenciana es, después de la Región de Murcia, donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo respecto a 2007. La Comunidad cuenta en la actualidad con 18.908 amarres, pero la demanda de las grandes empresas náuticas ha originado que el Consell impulse en los últimos tiempos nuevos proyectos para crear macropuertos en el litoral, convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos. De hecho, ya tramita la ampliación de los puertos de Dénia y de Jávea y estudia la creación de nuevas instalaciones en Altea y El Campello. En la provincia de Alicante son incontables los proyectos de firmas privadas para crear nuevos recintos portuarios. Desde las promotoras incluso se afirma que “hay un serio déficit de amarres que es necesario solucionar junto al desarrollo de zonas lúdicas, palacios de congresos e incluso nuevos hoteles en los puertos”. El Consell ha apostado por este modelo sin aprobar aún la Ley de Puertos, que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes bajo criterios económicos, sociales y deportivos. Mientras, las empresas siguen presentando proyectos, algunos de ellos muy controvertidos, como el que una firma pretende realizar en Benitatxell, en una zona de acantilados protegida por la Unión Europea. Sorprendentemente, el Gobierno local ha aprobado el proyecto mientras la oposición ya lo ha denunciado ante Bruselas. El Consell mantiene que garantizará el cumplimiento de la normativa medioambiental. Emblemático es ya el caso de la ampliación del puerto Campomanes de Altea, cuyas obras para duplicar los amarres están paralizadas por una sentencia judicial que constató el fracaso del traslado de las praderas de posidonia para preservarlas. |
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