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Destrucción a toda costa: Islas Baleares

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Fotografía de Jose B. Ruiz

Extracto del Informe “Destrucción a toda Costa 2009”, de Greenpeace (continuación de nuestro análisis del informe de Greenpeace)

De los 1.283 kilómetros de costa de las Islas Baleares, un 26,9% está protegido. Las afecciones directas sobre los Espacios Naturales Protegidos (ENP) del archipiélago son difíciles de cuantificar porque, en la mayoría de casos, no se trata de grandes proyectos urbanísticos o de infraestructuras, sino de pequeños mordiscos al territorio protegido en forma de viviendas unifamiliares, carreteras, reformas, etc. Estas agresiones se traducen en un panorama global de pérdida de territorio, valores ambientales y calidad de vida para sus habitantes.

Aunque más del 40% de las viviendas están vacías la mayor parte del año, en las islas baleares se cementan o asfaltan 1,4 hectáreas de territorio cada día.

TURISMO INSOSTENIBLE

En apenas cuatro décadas, el número de visitantes se ha multiplicado por 40 hasta sobrepasar los 13 millones anuales, lo que supone un 1,2% de todo el turismo internacional. Sin embargo, y según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, el éxito macroeconómico no se corresponde con una mejor calidad de vida para la sociedad local.

El paradigma de esta locura está en el turismo de urbanización fija o residencial. Las Islas Baleares experimentaron el asentamiento de ciudadanos principalmente alemanes, ingleses y españoles desde el inicio de los años noventa. El sector de la construcción aporta un 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) y ocupa a un 15% de la población activa. La Inversión Extranjera Directa inmobiliaria y de la construcción ronda los 50 millones de euros anuales, procedentes en un 30% de paraísos fiscales. Se calcula que hasta un 44% de los turistas se alojan en oferta ilegal, sin autorización de la administración turística ni pago de impuestos. Los inconvenientes sociales de la residencialización son: el incremento del precio de la vivienda, de hasta el 25% anual; la sobredimensión de las infraestructuras a cargo del erario público; la pérdida de puestos de trabajo cualificados y de negocio en la hotelería y la restauración; el cierre del acceso público al territorio; la pérdida de tierras de cultivo y la “elitización” del espacio. En las Islas Baleares un 39% de las viviendas no son de uso principal.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES

Según la Universidad de las Islas Baleares, la construcción de urbanizaciones y segundas residencias supone un intenso consumo de suelo y territorio, por ser una ocupación extensiva e ineficiente. El 45% de la energía consumida se destina al trasporte, para estancias más cortas y frecuentes, y el 40% al consumo eléctrico.

En Baleares hay más vehículos que habitantes y el consumo de agua alcanza los 500 litros por habitante (el doble de la media nacional), debido a la abundancia de jardines y piscinas. Otro ejemplo del desequilibrio ambiental está en que Baleares tiene una tasa de producción de residuos de más de una tonelada por habitante y año, la más alta de España. Un ejemplo más de la urbanización elitista del territorio son los campos de golf. Sólo Mallorca tiene ya 23 campos de golf, y 11 más en proyecto o construcción. Cada uno de ellos consume el agua equivalente a la necesaria para abastecer a 12.000 habitantes.

LA LEY BALEAR DE VIVIENDA

Si por un lado la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares pretende equilibrar el desarrollo en el archipiélago, la contradicción es absoluta si se tiene en cuenta la nueva Ley de Vivienda del Govern, presentada como una ley para obtener suelo público en un momento de crisis económica. Con la recalificación de los solares, que pasarán a tener categoría de Reserva Estratégica de Suelo, se podrá usar suelo rústico para poder edificar viviendas cuando no haya posibilidad de hacerlo en urbano. La Ley permite la construcción de 5.000 viviendas en cinco en terrenos que actualmente son rústicos.

DESTRUCCIÓN POR INFRAESTRUCTURAS

La especialización turística también ha supuesto el sobredimensionamiento de las infraestructuras, especialmente de transporte: aeropuertos internacionales en las tres principales islas con más de 30 millones de pasajeros el 2008; puertos de carga con más de 13 millones de toneladas de mercancías ese mismo año; y 200 km de autopistas y desdoblamientos viarios interurbanos. Los megaproyectos de infraestructuras ensanchan las “arterias” que riegan el territorio.

Este aumento de población ha traído consigo también un mayor desarrollo de las infraestructuras de servicio, con consecuencias negativas para el medio ambiente. La mayor demanda de energía ha provocado la ampliación del abastecimiento energético con centrales de producción eléctrica (1.600 megavatios procedentes en un 80% de la quema de carbón sudafricano, el mayor responsable del cambio climático). Recientemente, también se ha reforzado el sistema con el proyecto de conexión con la red eléctrica continental vía cable submarino.

Asimismo, la necesidad de recursos hídricos ha potenciado la desalación de agua de mar, que ya cubre más del 40% del abastecimiento de Palma de Mallorca.

Por último, el aumento de la cantidad de basuras ha supuesto un incremento de la incineración de residuos sólidos urbanos, que supera el 40% en el caso de Mallorca. Esta técnica emite gases contaminantes que agravan el cambio climático y ponen en riesgo la salud. Provoca altas concentraciones de dioxinas y furanos, y en 2007 generó más de 108.000 toneladas de cenizas y escorias de elevada toxicidad con metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo y cobre).