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Informe sobre la costa por Fernando Prieto

Estimados amigos:

Nuestro colaborador Fernando Prieto ha trabajado muy duro realizando un informe sobre el estado de la costa de nuestro país. Está ilustrado, entre otras, con las fotografías de José Benito.

Para descargar dicho informe que, como veréis, goza de unos contenidos amplios y que demuestran un estudio profundo, no tenéis más que seguir el siguiente enlace:

Por otro lado, cinco periodistas de Greenpeace han hecho un resumen del informe que también tenemos el gusto de poner a vuestra disposición.
Admiramos a las personas y entidades que dan gran parte de su tiempo por la costa.

Sobre la ley de costas…

Hola amigos:

Nuestro colaborador y miembro del equipo Fernando Prieto, ha escrito este texto que tiene el placer de compartir con nosotros.

Aquí os dejamos el punto de vista que, sin duda, invita a reflexionar.

 

Graves contradicciones dentro del Gobierno Rajoy sobre la nueva ley de costas: evaluación de políticas frente a privatización y arbitrariedad. Fernando Prieto

@futursostenible

 

¿A quién debemos creer sobre la costa, a Montoro o a Cañete? ¿Al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Existen dos documentos recientes sobre la política de costas absolutamente contradictorios: uno el proyecto de ley presentado por el MAGRAMA [i] aprobado el consejo de ministros,  Proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 (PUSLI) y actualmente en el Parlamento (aprobado en el Congreso  y actualmente en el Senado) y otro el informe sobre Evaluación de la Política de Costas[ii] elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicado en junio del mismo año.

La AEVAL se dedica a hacer evaluaciones de políticas públicas, es decir informar al gobierno y a la sociedad de cuales han sido los resultados de la aplicación de una política con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia, y proponer recomendaciones para mejorar esas políticas. Es un organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos de acuerdo con un ”nuevo modelo de gestión pública” en línea con los principios de gobernanza de la Unión Europea.Esta Agencia, en su reunión del 23 de abril de 2010, acordó la evaluación de “la gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la protección del dominio público marítimo, en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM)”, así como recoger la necesidad de “conocer el grado de progreso alcanzado en España en los trabajos previos a la implantación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina así como las actuaciones a desarrollar para adaptar las Demarcaciones de Costas a los requerimientos de esta Directiva”.[iii]. Esta evaluación se publicó [iv] en el año 2012, es decir durante el periodo de tramitación de borrador del anteproyecto y del propio proyecto de ley. El borrador lo tuvieron varios meses los asesores de Montoro antes de decidir su publicación, que finalmente se produjo en junio de 2012.

La evaluación analiza la evolución de la política de costas desde 1988, hasta la actualidad, para hacer un diagnostico de la misma. El informe expone una serie de conclusiones y recomendaciones sobre lo que debe ser una política de costas alineada con las experiencias de otros países de nuestro entorno y con la legislación ya existente y prevista. Bien todas estas conclusiones no han sido consideradas por el departamento de Cañete y llama la atención el silencio absoluto de los altos cargos de la AEVAL mientras observan como se diseña una política radicalmente opuesta sus conclusiones.

Las principales diferencias importantes entre los dos documentos (AEVAL y PUSLI) son lo siguientes:

1. El informe de la AEVAL comienza considerando la enorme presión que existe sobre este ecosistema y que estamos cerca de una situación de no retorno por el aumento de la urbanización en la costa y la contaminación. Es decir se deben de reducir esas presiones por ser un recurso estratégico para el turismo y otros sectores económicos claves. Bien el PUSLI lo que hace es permitir este incremento de la presión proponiendo una gran desamotización del litoral, tanto amnistiando algunos municipios como privatizando salinas, dunas y reduciendo a 20 metros las zonas de construcción en muchas zonas de España.

 

2. El informe de la AEVAL indica que la Constitución de 1978 reconoce la calificación de dominio público marítimo-terrestre, a partir del artículo 132.2 que resulta incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el mismo. Por el contrario el PUSLI, consiente la privatización de estos terrenos comunes y permite la desigualdad entre unos y otros municipios ante la ley.

3. El informe de AEVAL incluye referencia al cambio climático que va a ser determinante en cualquier tipo de política de costas. El Banco Mundial acaba de hacer una referencia explícita a este proceso explicando que con los compromiso actuales de reducción de emisiones, al final de siglo habrá cuatro grados más, y los niveles de concentración de CO2 llegarían a 800 partes por millón (cuando el objetivo de Naciones Unidas era no superar los 450), con sequías e inundaciones mas frecuentes, es decir va a afectar a todos los países y todas las políticas, menos a la costa españolas, (¡!). En el PUSLI no se hace una sola mención, mientras se permite construir incluso a 20 metros del litoral (¡!), con todo el aumento de riesgo que se deriva de ello, tanto sobre personas como sobre propiedades. Es llamativo que mientras tanto, el MAGRAMA financia estudios junto a CEPAL para la evaluación de impactos del cambio climático en zonas costeras de los países de América Latina y el Caribe, determinar vulnerabilidad de las costas y evaluación de los riesgos para plantear medidas de adaptación y realizar un análisis económico de las mismas.

4. El informe AEVAL hace referencia a la gestión integrada de zonas costeras, Recomendación 2002/413/CE, de 30 de mayo de 2002, para que las políticas tiendan hacia la planificación en relación a los ecosistemas, reducir la construcción en las primeras líneas de playa, dejar zonas naturales como salinas o dunas sin construir, aplicar una planificación participativa para suscitar el consenso, conseguir el apoyo y la participación de todas las instancias administrativas competentes o adoptar decisiones que no hipotequen el futuro, etc. esto es totalmente opuesto al anteproyecto de ley de costas presentado en el parlamento por el PP.

5. El informe AEVAL recomienda al gobierno que se adopten medidas, proyectos y programas, para cumplir el protocolo del Mediterráneo, vigente desde marzo del 2011. Hoy en el primer trimestre de 2013 todavía no se ha tomado ninguna medida para su cumplimiento, como una estrategia nacional de la costa, desgranada en planes y programas. En el PUSLI se olvidan estos temas.

6. El informe de AEVAL considera como obligatoria, como no podía ser menos, el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Protección Del Medio Marino, Ley 42/2010 ambas traspuestas al derecho español y que obligan a la planificación conjunta de las aguas de estuarios, mejorar la calidad del agua, el PUSLI ni siquiera comenta la existencia de estas directivas de obligado cumplimiento ni explicita como va resolver los compromisos que se derivan de ellas en el ámbito costero.

7. Esta política va en contra de las realizadas desde 1988. En una parte importante de este periodo, entre 1996 y 2004, estas políticas fueron asumidas por el partido popular, y técnicos muy cualificados pelearon por el cumplimiento de la ley de costas en las diferentes demarcaciones. La costa española está deslindada en el 95% de su longitud. El iniciar otra vez todo el deslinde sería un despilfarro de tiempo y dinero y generaría una gran inseguridad jurídica tanto entre particulares como entre municipios amnistiados y no. El informe de la AEVAL recomienda acabar el deslinde, aunque se reconoce la lentitud y en muchas ocasiones la falta de criterios geomorfológicos y ecológicos, pero se apuesta por acabarlo cuanto antes y por revisar todos los problemas que haya podido haber. En El PUSLI se propone una reducción de esta delimitación.

8. El informe de AEVAL se refiere a la importancia y especificad de los bienes comunes, definidos según el artículo 132.2 de la Constitución. Bien, con la reforma PUSLI se enajenan parte de estos bienes dejando construirse hasta 20 m en algunas zonas y se amnistían 11 núcleos que corresponden a 10 municipios, también se devuelven las salinas a los anteriores propietarios con lo cual, disminuye el el DPMT.

9. En el informe de AEVAL se sugiere el modelo Asturias, que ha recibido varios premios europeos de planeamiento urbanístico bien realizado y ha sido puesto por la Comisión Europea como ejemplo de política de costas y de planificación integrada entre la ribera del mar y la franja interior para extender a todo el país. Hay que recordar que los planes litorales de Asturias contemplan la protección hasta los 500 metros de costa. Bien en el PUSLI se propone todo lo contrario, es decir incrementar la construcción hasta los 20 m con un modelo de municipio con playa urbana.

10. Los dos informes coinciden en que una vez acabado el deslinde se registren las propiedades. En cualquier caso hay que considerar el carácter dinámico de las riberas del mar, con sus propias tasas de erosión y acreción. “La incorporación del deslinde al Catastro se configura como una imperiosa necesidad para crear un sistema público de acceso informático a tan relevante información y cumplir con la obligación establecida en la normativa catastral. La incorporación de esta información es no sólo necesaria y garantía de seguridad jurídica, sino obligatoria”. Por otra parte, es evidente que aunque una zona esté determinada como privada, la dinámica marina no tiene en cuenta el registro de la propiedad.

11. El informe AEVAL respecto al efecto 2018 recomienda soluciones en la medida de lo posible consensuadas con los interesados, sin detrimento del carácter público de los bienes en juego. EL PUSLI propone directamente aumentar a 75 años las concesiones con lo cual se compromete muy seriamente el carácter público de los bienes en juego.

12. El Informe AEVAL hace referencia a los traspasos de las competencias ya realizados a Andalucía y Cataluña en el año 2011, este tema “se olvida” totalmente en el PUSLI. Es decir se deja de lado la gobernanza del litoral con CCAA. Parece que habrá que desarrollar la colaboración con las que ya tiene transferidas competencias y con el resto. ¿Se piensa seguir con el proceso de trasferencias a todas o se da ya por concluido?

13. Llama la atención que el programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que se estableció para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o sometidos a presión urbanística, colindantes con el Dominio Público Marítimo-Terrestre, de forma que quede garantizada la conservación y protección del mismo. Desde el año 2005 el Ministerio ha destinado más de 75 millones de euros a este programa, y que se valora muy positivamente en la evaluación de la AEVAL. El PUSLI olvida totalmente y se propone justo lo contrario, es decir pasar el Dominio Público Marítimo terrestre a los propietarios, reduciendo el espacio común en beneficio de los propietarios privados.

14. El informe de AEVAL hace referencia al Plan de Turismo 2020 y a otras estrategias e instrumentos de planificación y para ello propone conservar al máximo este estratégico recurso. En el PUSLI ni siquiera se cita la palabra turismo, que supone el 12% del PIB, apoyando de una forma evidente y única al sector constructor, a las industrias que tienen propiedades en el DPMT y al de acuicultura, olvidando todos los demás.

15. En el informe de AEVAL se recomienda la planificación en relación la biodiversidad y al plan estratégico de patrimonio natural 2011-2017. Esta palabra no sale ni una vez en el PUSLI, ni por supuesto se toman medidas para su mantenimiento.

16. el informe de AEVAL recomienda “asentar definitivamente un esquema de coordinación entre la administración hidráulica con la del litoral y la marina”. Este aspecto de coordinación institucional y entre políticas, esencial, para cualquier política de costas tampoco se pone de manifiesto en el PUSLI.

17. El tema de los puertos, esencial en la costa también es comentado en el informe de AEVAL constatando y proponiendo solucionar “la ausencia de coordinación que parece advertirse entre la política portuaria y la de costas: a) por un lado, las modificaciones normativas operadas a instancias del Ministerio de Fomento con incidencia directa en costas y sin intervención del MAGRAMA y b) las observaciones formuladas por Puertos del Estado respecto al Protocolo del Mediterráneo”. También recomienda que el “Dominio Público Portuario formara parte de las líneas de acción de la política de costas bajo un enfoque medioambiental”. En el proyecto de ley PUSLI solo se comenta la existencia de los puertos deportivos para aumentar el periodo de concesiones.

18. En el informe de AEVAL se propone, fijándose en políticas de costas diseñadas en otros países: definir la capacidad de carga del territorio litoral y la huella ecológica de las actuaciones, desarrollar mecanismos y técnicas de compensación interterritorial, utilizando el concepto de equidistribución de costes y beneficios ambientales entre territorios, fomentar y estimular la preservación del territorio litoral: elaboración de códigos de buenas prácticas y establecimiento de premios e incentivos para la mejora del estándar proteccionista y finalmente establecer los mecanismos necesarios para la resolución de los conflictos que puedan surgir e entre administraciones y entre éstas y la sociedad. En el PUSLI ni siquiera se citan estos instrumentos, si bien es cierto que se habla de eficiencia energética en las reformas o en las nuevas casas que se dejen hacer en el litoral (¡!!???)

19. El informe de AEVAL recomienda ampliar las escalas temporales en la planificación, mientras el informe PUSLI, en su primer borrador hablaba de una escala temporal de tan solo 10 años.

20. El informe AEVAL recomienda “que la asignación de inversiones respondiera en el futuro a criterios claros y pautados, priorizando los criterios ambientales y sostenibles en función de la particular problemática de la Demarcación con un mayor equidad en la asignación presupuestaria”. En este año las inversiones del MAGRAMA, es decir la verdadera política realizada, han caído de una forma muy pronunciada. Lo cual también supone una contradicción entre las recomendaciones de AEVAL del 2012.

21. Sobre la metodología, participación ciudadana  y autores de los informes, y, este tema es esencial, hay que reseñar que en el informe de AEVAL participaron mas de una docena de expertos reconocidos a escala nacional e internacional, catedráticos, además se realizaron grupos de discusión de hoteleros, empresas constructoras, urbanistas, representantes de CEOE, sindicatos, ecologistas, etc. Este proceso no se ha producido en el PUSLI que se ha aprobado directamente y presentado en el Parlamento, no se conoce ni su autoria, ni quienes han sido los expertos que han asesorado al gobierno. Excepto el Sr. Matutes que ha reconocido que “ha trabajado mucho en la ley”[v], que tiene importantes intereses inmobiliarios e industriales en la costa, aunque se supone que el Sr. Cañellas también beneficiario[vi] de la privatización de las salinas de Ibiza y hoy públicas también puede haber tenido algo que ver.

 

Se concluye que la ley de costas del 88 ha sido insuficiente para la gestión adecuada del DPMT, que el deslinde se realizó con extraordinaria lentitud y en ocasiones con fallos clamorosos, pero que sin esta ley, los impactos sobre el litoral hubieran sido mucho mayores.. Esta Ley de Costas era una garantía para la protección del DPMT y precisaría de un refuerzo para su correcta aplicación con adecuados medios humanos y organizativos. Una nueva ley debe avanzar en la  GIZC, por ello debe seguir el Protocolo del Mediterráneo ya firmado y en vigor por el Reino de España. La reforma del PUSLI va en una dirección totalmente contraria que provocará caos, inseguridad jurídica, incertidumbre, mayores impactos e insostenibilidad.

Llaman la atención en todo este proceso, poderosamente, dos hechos:

 

por una parte la ausencia de contrapoderes dentro de la propia administración y con la sociedad. El Ministerio de Agricultura propone una ley sectorial sin evaluar la complementariedad con otras con otras políticas, ni con una adecuada memoria económica, por supuesto sin tener en cuenta a otras entidades, como ayuntamientos o comunidades autónomas con competencias e intereses en un territorio tan complejo y con tantos intereses como la costa. También en contra  de otros partidos y de los grupos y asociaciones conservacionistas. Es particularmente llamativo la posible inconstitucionalidad por tratarse de bienes comunes (articulo132.2) y la creación de diferencias competitivas en distintos municipios de la costa, en unos se permite construir y en otros no. Esta ley tampoco hace referencia a otros ministerios como Fomento o Economía y Hacienda  y Administraciones Públicas, que es donde está la AEVAL. Llama también la atención que esta Agencia tampoco realice ningún comentario cuando se inicia una política en contra de sus propios análisis. En otros países estos informes son referencia para el diseño, ejecución y rendición de cuentas de las políticas.

 

Por otra parte, el que se pueda legislar en contra de las evidencias científicas y los compromisos internacionales firmados. Los expertos en costas, las universidades, etc se han manifestado radicalmente en contra de esta ley sin embargo sigue para adelante. En el plazo de unos meses se cambia otra ley que había contado con consenso durante 25 años y que afecta a un ecosistema especialmente frágil y estratégico.

 

Estos dos graves hechos señalan hacia la necesaria rendición de cuentas y de responsabilidades de los que toman así las decisiones y donde las consecuencias son prácticamente irreversibles.

 

Como recomendación se propone que se devuelva el proyecto de ley y se inicie un verdadero proceso de consulta para que se haga una verdadera ley de costas con el máximo consenso, basada en la mejor ciencia disponible y con la máxima participación posible para que dure por lo menos otros 25 años.

 

Una versión más desarrollada de este artículo puede encontrarse en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5525

 

[i]  http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/anteproyecto.aspx5 de octubre de 2012, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) dio luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio.

[ii]  http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E28-Costas.pdf

 [iii]  Este encargo se enmarca, a su vez, en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), que explicita la necesidad de que algunas de sus políticas hayan de ser evaluadas por la Agencia anualmente, en concreto, en la política referida a la conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio, que busca minimizar los daños originados en los recursos naturales y potenciar el uso eficiente y sostenible de estos recursos, fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social.

 [iv]  http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E28-Costas.pdf

 [v]  Menos protección para la costa Los ecologistas denuncian que la nueva ley favorece la especulación urbanística, mientras que el Consell d’Eivissa defiende que da más seguridad a la propiedad C. Roig | Eivissa | 13/10/2012Ultima hora. http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/menos-proteccion-para-costa.html

[vi]  MANRESA ANDREU Un dudoso privilegio para la última isla balear sin ladrillo. La familia Cañellas, beneficiada por la excepción de Formentera y en la costa de Ibiza

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/06/actualidad/1349520126_552041.html

 

GLOSARIO

 

AEVAL: Agencia de Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

CEPAL: Comisión Económica para América Latina

DMA: Directiva Marco de Agua

DMEM: Directiva Marco sobre la Estrategia Marina

DPMT: Dominio Público Marítimo Terrestre

GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

PUSLI: Proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988.

ZSP: Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre

GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras

Escenarios previstos y efectos ambientales, económicos y sociales por la nueva ley de costas

Estimados lectores: Nuestro compañero de equipo, Fernando Prieto. Dr en Ecología ha escrito este texto sobre la ley de costas de alto interés:

El anteproyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral pretende modificar la Ley de Costas de 1988. Aumenta la privatización de la costa, genera inseguridad jurídica y no tiene en cuenta criterios científicos, es probablemente inconstitucional y a todas luces insostenible.

Arbitrariedad. Privatización. Inseguridad. Enormes impactos ambientales. Pérdida de calidad paisajistica y de turismo.  Estos pueden ser algunos de los calificativos para adjetivar al anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Una vez más un título con la palabra sostenible para justificar todo lo contrario. La nueva ley va en contra del 99% de ciudadanos que exigen el uso y disfrute de un bien común.

Novedades del anteproyecto: 10-135-20.

10 municipios, con 11 núcleos,  se amnistían. Dentro de ellos se incluye la isla de Formentera donde “ se hará un deslinde más laxo” es decir, se permitiría edificar mas cerca del mar. No se encuentra justificación para incluir estos municipios y esta isla, y no otros municipios, u otras islas, u otras partes de islas..Es decir criterios arbitrarios. El resto de municipios costeros puede solicitar también esta amnistía.

 

 

Fuente : El País. 13 julio. 2012

135 años seria la suma de los 30 +30 años, permitidos hasta ahora en los que se tenían que derribar las edificaciones en el dominio público marítimo terrestre  y los 75 años añadidos por este anteproyecto, ¿Cómo explicárselo a los que han cumplido con sentencias firmes del Tribunal Constitucional?. Estas casas se podrán arreglar, comprar y vender. Es decir se permite que permanezcan estas casas durante 6 generaciones!!!. Ninguno de nosotros veremos una mejoría en el litoral establecida por este gobierno hasta el 2123!!..

20 metros es la distancia en que se autoriza a edificar en las rías y en determinadas playas urbanas (otra vez criterios arbitrarios) reduciendo la servidumbre de protección desde los 100 “en atención a características topográficas o hidrográficas”. Se consiente que las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público puedan prorrogar la concesión con un informe…(ENCE, PETRONOR;..etc..). Privatiza marinas artificiales como Ampuria Brava y permite a los chiringuitos mayores espacios y periodos de permanencia en la playa. Las salinas y demás zonas que se inundan también entrarían en el “libre” mercado. Es decir aumento de la privatización de propietarios y empresas sobre terrenos públicos.

Si que obliga y este aspecto es positivo, a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes. Es obligatorio señalar que la costa es, por definición, dinámica, en unos sitios crece y en otros se erosiona, por ello sería obligatoria una nueva clasificación para estas propiedades, que literalmente pueden quedar en mitad del ma,r a pesar de ser muy legales.

Consecuencias previsibles: mayor urbanización, mayor gasto público en protección y menores recursos comunes para el 99%                                                              La costa se urbanizará más, el litoral mediterráneo parte del atlántico y cantábrico  han sufrido un proceso “acelerado” e “intenso” de urbanización del suelo en los primeros kilómetros del litoral (entre 1987-2005 se urbanizó a  una media de más de dos hectáreas cada día en los primeros 500 metros. En menos de una generación casi la mitad del litoral mediterráneo -un 43%- ya es artificial). El sector inmobiliario y constructor tendrá otra pequeña burbuja, esta vez todavía mas cerca del agua, sobre este recurso “muy atractivo, escaso (la franja de 500 metros es tan solo el 0,5 por ciento del territorio) y no renovable”. Desaparecerán playas, salinas, marismas, zonas húmedas bajo el cemento con grave impacto ambiental.

El turismo disminuirá, buscando otros destinos mejor conservados y con mayor calidad paisajística, como ya esta sucediendo. Por otra parte, la falta de criterios científicos que permite construir hasta los 20 metros, destruyendo los ecosistemas y zonas naturales existentes, unido a la no consideración del cambio climático determinará que parte de estas construcciones se vean afectadas por tormentas y temporales y se deberán ( o no?) proteger por  el Estado, aportando éste, año tras año , o temporal tras temporal, recursos cuantiosos para proteger inversiones y propiedades privadas.

Además se generará una mayor conflictividad: entre diversos municipios, (en unos hay amnistía o se permiten chiringuitos y en otros no), en unas playas (se autoriza construir hasta 20 metros y en otras no).. O entre propietarios con nuevos deslindes o antiguos (cuando el 95% está finalizado). Es previsible que los no “beneficiados” reclamen, como es lógico, las nuevas condiciones y se genere, esta vez sí, una mayor inseguridad jurídica que la que se pretendía resolver. Aparte, es probable que existan  preceptos directamente inconstitucionales. Al presentar estas graves deficiencias, previsiblemente no se aceptará por el  partido de la oposición   y en próximos gobiernos se volverá a modificar originando, otra vez, más fuertes inseguridades jurídicas. La ley de 1988 se aprobó por unanimidad y ha sido aplicada por los dos partidos, si bien con distinto entusiasmo, y aunque ha sido insuficiente para la protección del litoral, es mucho mejor que cargársela, que es lo que propone este Anteproyecto.

El futuro deseable va en la línea del Protocolo del Mediterráneo de gestión integrada de zonas costera firmado y obligatorio para España desde marzo 2011, cuyas directrices  están siendo adoptadas por sociedades más avanzadas y que propone líneas de conservación del litoral, integración de políticas de aguas y mar, enfoque ecosistémico, etc, es decir criterios de conservación mas rigurosos sobre este espacio estratégico.

En resumen un anteproyecto, que privatiza bienes comunes, que posibilita destruir zonas naturales de gran valor ecológico, que va contra del sentido común y de la opinión del 99% de la población que pretende disfrutar del litoral, de las playas y del mar. Y que paradójicamente, genera inseguridad jurídica. El conjunto de los españoles y de los millones y millones de turistas que vienen a las costas cada año desean amplias playas, calidad de aguas, ecosistemas bien conservados, también algunos chiringuitos y  calidad paisajística y, es evidente, que son mucho más que unos cuantos privilegiados propietarios.   Sería lógico y deseable que hubiera consenso entre los partidos y el grueso de la sociedad civil buscando los intereses generales del conjunto de los ciudadanos para una ley que determinará los usos del litoral en los próximos decenios y que tuviera la sostenibilidad como uno de sus ejes y no solo en el enunciado.

Estudio sobre la costa

Estimados amigos:

Aquí os dejamos un texto de nuestro colaborador y experto Fernando Prieto. Os invitamos a una lectura prestando atención a los detalles que ponen de manifiesto el desgaste del litoral.

La costa ha ejercido desde siempre una fuerte fascinación sobre los humanos. En últimos 50 años, este ecosistema ha sido profundamente deteriorado por causas  urbanísticas. Casi la mitad de los primeros 500 metros en el litoral mediterráneo (un 43%) está construida. La tasa diaria de urbanización en esta franja, (la más expuesta a la irregularidad climática y fenómenos climatológicos adversos) ha sido de 2 hectáreas diarias de 1987 a 2005, pasando de 58.000 hectáreas a 72.000. En los dos primeros kilómetros esta tasa es de 6,2 ha/día. El deterioro del ecosistema es una amenaza grave para la industria turística a corto plazo. Las políticas de contención han sido insuficientes, pero si no hubiera habido Ley de Costas o  estrategias de algunas Comunidades Autónomas la situación sería todavía peor.  El 99% de la ciudadanía y de los turistas demanda una mayor defensa de la costa, con una ley más rigurosa y exigente,  basada en la mejor ciencia, que permita el acceso a los bienes comunes, el apoyo a municipios que conserven su costas, la Gestión Integrada de Zonas Costeras, nuevas áreas protegidas y la consideración del riesgo ineludible del cambio climático. Solo de esta forma triunfará la inteligencia colectiva frente a la tragedia de los comunes.

 

Enlace a artículo entero SOS_tragediacomunes_inteligenciacolectva_costa_v4